Los ponentes discutieron sobre el panorama internacional en el ámbito de las criptomonedas y la postura de Colombia frente a los avances en el sector. Coincidieron en que el país tiene un rezago en cuanto a medidas regulatorias y eso afecta su evolución.
El viernes se llevó a cabo el foro titulado “Aproximación Regulatoria a las Criptomonedas en Colombia” en la Universidad del Rosario en Bogotá, espacio que fue patrocinado por la Facultad de Jurisprudencia de la institución educativa y por el proyecto JUSTIC.
Además de contar con la asistencia de la co directora del Banco de la República, Ana Fernanda Maiguashca, cuya posición puede leer haciendo clic aquí, también participaron los expertos en el ámbito del derecho Daniel Villarroel – abogado y asesor con amplia experiencia en el ecosistema de las monedas digitales – y Erick Rincón – árbitro para las cámaras de comercio de Cali, Medellín y Bogotá – quienes hablaron sobre la evolución del ecosistema de las monedas digitales en Colombia y la postura legal de las instituciones frente a una posible regulación a las criptomonedas.
La conferencia dictada por Villarroel tuvo como objetivo abordar la posición de Colombia en relación a otros países que ya han adelantado iniciativas regulatorias frente a la economía de las monedas digitales.
Villarroel abrió su ponencia haciendo algunas consideraciones generales sobre el panorama en Colombia, destacando el alto grado de desconocimiento presente entre las instituciones del Estado sobre las criptomonedas, con excepción de algunas de ellas. Habló sobre las fallas presentes en el ecosistema bancario que dejan a personas por fuera de esta línea de servicios, así como del auge de las economías colaborativas y la inserción de las monedas digitales en este ámbito.
Tras una breve explicación en relación al funcionamiento de las criptomonedas y la tecnología Blockchain, Villarroel repasó el panorama internacional. Uno de los aspectos que más llamó la atención es que los países que tienen marcos regulatorios más amigables hacia las monedas digitales son los que están por encima de Colombia en cuanto a indicadores de crecimiento económico como el PIB, mostrando que la apertura a los criptoactivos más bien ha ayudado (según su juicio) al desarrollo de las economías locales.
También repasó algunos hechos importantes como el lanzamiento de la Ley FinTech en México, el financiamiento de campañas políticas con criptomonedas en EE UU, la adopción por parte de Japón y Alemania al aceptarlas como medios de pago, la apertura de mercados de futuros, el caso de Zug como la primera ciudad abierta a las monedas digitales y el surgimiento de mercados y servicios especializados.
Hablando concretamente sobre Colombia, mencionó nuevamente que hay mucho desconocimiento sobre el tema a a nivel de las instituciones, destacando que la DIAN decretó a Bitcoin y a las monedas digitales como bienes materiales, la Superintendencia Financiera las ve como un bien inmaterial sujeto al impuesto sobre la renta, mientras que la Superintendencia de Comercio dice que no son un valor, contrario a lo que opina la Superintendencia de Sociedades. Ya desde aquí se ve la imposibilidad de diseñar marcos jurídicos especializados justamente porque los actores manejan diferentes concepciones.
Villarroel destacó que aunque no hay una política en contra de las criptomonedas, sí se ve que las instituciones económicas les cierran el acceso a los servicios públicos. Recordó que algo similar ocurrió en el pasado con el tema de Internet por lo que el país quedó rezagado con respecto al resto del mundo, viéndose en la necesidad de ajustarse a los estándares internacionales a la carrera en lugar de haber mostrado mayor apertura en su momento.
El hecho de que se posterguen discusiones importantes a nivel legislativo y que aún no se diseñen políticas para mitigar los riesgos asociados hacen que el país quede rezagado y no mire el ejemplo de otras naciones. El Estado incluso ha impedido que plataformas importantes con muy buena reputación oferten sus servicios en el país como lo es el caso de Coinbase o BitPay, las cuales funcionan como procesadores de pagos y ponen en evidencia que las criptomonedas y el dinero fiat pueden coexistir y que no habrían inconvenientes administrativos habilitando nuevas opciones de pagos.
Villarroel desmitificó la idea de algunas instituciones que optan por pensar que se puede adoptar Blockchain sin monedas digitales, tocando como tema central el manejo de incentivos para garantizar la operatividad de la red, así como su carácter público y descentralizado.
Rincón destacó que las FinTech han acompañado al ecosistema de los servicios financieros desde hace tiempo, por lo que el concepto de dinero electrónico no es nuevo en la industria a pesar de que ahora se enfoque de una forma diferente desde el surgimiento de las criptomonedas.
En ese orden de ideas tocó momentos en Colombia como el surgimiento de la banca en la red, la banca a través de portales de Internet y la banca en línea, puntos en los cuales las legislaciones han tenido que ajustarse y plantear puntos de enlace entre estas tecnologías y las líneas de servicios, justamente para no quedar rezagadas frente al panorama internacional.
En opinión de Rincón, las manifestaciones de la economía colaborativa, en especial el tema de las finanzas, ponen en cierto modo a las entidades bancarias y a los organismos legales en una disyuntiva, ya que las criptomonedas y el nacimiento de nuevas iniciativas generan un efecto sustitutivo sobre los sistemas bancarios ya que ofrecen mejor cobertura, aminoran los costos, garantizan mayor accesibilidad para el grueso de la población y simplifican los trámites para los clientes. El reto para la industria bancaria local es llevar esas propiedades beneficiosas a sus operaciones se enfrentarán a su eventual desaparición.
Rincón aseguró que el sustrato tecnológico de Blockchain ofrece garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad para los activos, cosa que las legislaciones han buscado garantizar en las distintas áreas comerciales y bancarias protegiendo a los consumidores. Sin embargo, al convertirse las criptomonedas en un medio de inversión conllevando riesgos desde lo financiero y lo tecnológico, hay resistencia a reconocer el carácter positivo que podría tener esta innovación para las diferentes estructuras del estado.
En ese sentido hizo una analogía entre hablar hoy día de la tecnología Blockchain y sacar a colación hace años el tema de las firmas digitales, momentos muy parecidos en los cuales se manifestó un rechazo hacia estas ideas, por lo que recomendó a las instituciones y expertos hablar a las entidades de la tecnología subyacente de las monedas digitales haciendo énfasis desde lo funcional y no desde lo técnico.
Rincón comentó que los criptoactivos vendrían a ser los hijos de Internet ya que estos se montan sobre ella, por lo que una regulación a estas en el fondo abre la pregunta de si se estaría regulando Internet. Destacó áreas que pueden resultar problemáticas como la transaccionalidad de los activos, el tema de las ICO, las estafas y el financiamiento del terrorismo, así como los problemas de desempeño a razón de recursos informáticos. Sin embargo, convendría ver con atención el escenario internacional para ver las iniciativas que se han dado para abordar dichas situaciones.
Para cerrar, Rincón aseguró que el mercado de las criptomonedas está muy activo en Colombia y que las regulaciones siempre están un paso atrás, lo cual no es de extrañar ya que en el pasado el Estado llegó a criminalizar ciertas actividades para proteger intereses de ciertas empresas (como por ejemplo el sector de la telefonía), y luego ha tenido que retractarse públicamente y asumir su rezago, cosa que posiblemente pueda estar ocurriendo con los temas asociados con la economía colaborativa.
Entre los participantes se contó con la presencia de Ana Fernanda Maiguashca, co directora del Banco de la República, quien habló sobre el trabajo que realiza en la institución y su perspectiva personal en relación a las criptomonedas y a toda la economía asociada con las mismas
Maiguashca abrió su presentación hablando de un fenómeno cognitivo denominado “Mindblindness o Ceguera Mental”, el cual impide a las personas innovar cuando ven algo nuevo recurriendo siempre a un referente o a algo que se le parezca encasillándolo en dicha definición. En su opinión algo similar ha pasado con las monedas digitales, las cuales han sido definidas de esta manera porque se asocian con dinero virtual cuando en realidad se debería hablar de criptoactivos.
Estos criptoactivos hacen que los organismos asuman nuevos retos regulatorios, ya que no pueden ser abordados completamente por las definiciones y marcos legales previamente concebidos, por lo que es necesario diseñar un nuevo marco regulatorio para la consideración y la toma de decisiones sobre los mismos.
Dado que los criptoactivos reúnen características y propiedades que se asocian con diferentes elementos contemplados en las leyes pero que no les definen como tales, Maiguashca compartió su opinión y la de la Superintendencia Financiera acerca de lo que NO son:
La co directora del Banco de la República aseguró que la utilización de criptoactivos plantea algunas consecuencias que deben ser abordadas, como lo es la captación de recursos públicos para su funcionamiento (refiriéndose a campañas ICO), que puede terminar siendo asociado con esquemas fraudulentos. Como medida de control, estos activos no pueden ser comercializados bajo ningún concepto por organismos bajo la supervisión directa de la Superintendencia Financiera de Colombia.
En relación a los consensos regulatorios, Maiguashca comparó las distintas posturas de gran cantidad de naciones en todo el mundo, pasando desde las más permisivas y amigables hasta aquellas que resultan más restrictivas destacando que no existe un modelo único para regular. En este orden de ideas, Colombia desde sus instituciones gubernamentales y financieras se mantiene al margen, asumiendo la tarea de advertir sobre los riesgos de estos activos sin otorgarles aún estatus legal pero sin prohibir que los ciudadanos adquieran estos activos. Sin embargo destaca que en lugar de asociar esto con el principio “de que se permite lo que no está prohibido”, invitó a los interesados a considerar la postura de que “aquello que no está abiertamente permitido también podría estar prohibido”.
Maiguashca presentó algunas reflexiones a considerar sobre este tema, entre las que mencionó la operatividad de los criptoactivos como activos financieros aunque no lo sean, justamente por ser intangibles, sin valor razonable y sin posibilidad de ser utilizados como unidades para revisiones contables. Destacó que está pendiente evaluar si estos deben ser objetos del pago de impuestos sobre la renta y los riesgos operativos / financieros que plantean su utilización, y que las operaciones en las que son utilizados suelen ser anónimas y ajenas a controles estatales.
En relación a la tecnología, Maiguashca aseguró que Blockchain tiene mucha utilidad para la portabilidad de la información, como por ejemplo en el caso de registros médicos, pero que aquello que es visto por muchos como lo es el carácter público de la información puede ser perjudicial cuando los datos que estén a libre consulta de todos sean los de uno mismo. Destacó que el Banco de la República está haciendo pruebas y explorando las bondades de la tecnología Blockchain y DLT, ya que tienen participación en la plataforma de Corda (R3) y corren nodos para comprender mejor el funcionamiento de las redes.
NOTA DE LA EDITORA: El mapa global de cripto-regulación presentado por Maiguashca en el evento no parece corresponderse con la situación actual, pues las categorías no coinciden con la realidad jurídica de varios países.
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