Análisis del Sector
Introducción
Según los últimos estudios de la OCDE, Colombia ha tenido un desempeño económico estable en la última década. Esto se explica, en gran medida, por la extracción de petróleo y minería, y por la inversión extranjera directa en el sector de las materias primas. La productividad fuera de estos sectores sigue siendo muy baja; con una elevada carga tributaria sobre la inversión y el trabajo, inadecuadas infraestructuras y acceso limitado al sistema financiero, que resulta en altísimos niveles de desigualdad (Gini: 0,513) (World Bank, 2019)– , ubicándose como la segunda más alta de América Latina después de Brasil- e informalidad (CEPAL, 2020).
Ahora bien, la evidencia académica indica que la inclusión financiera y acceso a crédito pueden respaldar el crecimiento económico general y el logro de objetivos de desarrollo más amplios.
“Las finanzas digitales por sí solas podrían beneficiar a miles de millones de personas al estimular un crecimiento inclusivo que agregue $ 3.7 billones al PIB de las economías emergentes en una década, según un informe reciente del McKinsey Global Institute. Los resultados de un estudio de impacto a largo plazo sobre un servicio de dinero móvil en Kenia, M-PESA, encontraron que el dinero móvil ha sacado de la pobreza a 194.000 hogares, el 2% de la población de Kenia, y ha sido eficaz para mejorar la situación económica de mujeres con bajos ingresos y de los hogares con mujeres cabezas de familia” (UNCDF, 2020).
El sistema bancario colombiano tiene como función brindar el servicio de intermediación que genere beneficios económicos tanto a las grandes corporaciones como a la población. Esta es conocida como una de las principales responsabilidades que tiene el sistema financiero con la sociedad (Llorente, 2010) y debe ser el enfoque de cualquier regulación o programa gubernamental en materia del sector financiero; mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de productos que promuevan el “progreso de personas y empresas”.
El presente documento pretende realizar un diagnóstico general del sistema financiero colombiano. En primer lugar, se presentan los obstáculos de acceso de crédito e inclusión financiera para personas naturales, mipymes y el sector rural. Posteriormente, se abordan algunas características fundamentales del sistema financiero colombiano como la concentración bancaría, los efectos contraproducentes de la información asimétrica, la asignación de tasas ineficientes y los riesgos de las entidades en mercados internacionales. Consideramos que, a pesar de que el sistema financiero colombiano es estable, la asimetría de información de mercado crediticio y la concentración del sistema; promueven la exclusión de acceso a crédito de las personas y empresas con menos ingresos. Sacrificando desarrollo, bienestar y productividad en el país.
i) Acceso limitado de personas naturales a productos financieros
La inclusión financiera en Colombia ha mejorado en cuanto a cobertura; sin embargo, aún existen barreras para el acceso. Aunque cerca de 32 millones (87,8%) de adultos tienen al menos un producto financiero, solo 12,8 millones (35,1%) de los adultos tienen un producto de crédito (Banca de Oportunidades, 2020). Esto se categoriza de la siguiente manera: entre 2019 y 2020 la cantidad de adultos, con al menos una tarjeta de crédito vigente en el país, se redujo en 289.323 (para un total del 22,2% de adultos con este producto), con crédito de consumo disminuyó en 43.334 (18,8% de adultos), los adultos con microcrédito (6,5%) fueron 134.945 menos que en 2019. En cambio, el número de adultos que contaban con un crédito de vivienda en el país (3,2% para 2020) aumentó en 21.519 (Banca de Oportunidades, 2020).
Con respecto a temas de género, en primer lugar, la brecha se presenta en los montos desembolsados y no en cobertura o acceso. La brecha de acceso entre hombres y mujeres ha sido constante; 3.6 P.P en los últimos dos años; con 36.9% los hombres y 33,3 % las mujeres. No obstante, los hombres recibieron montos, en promedio, superiores frente a los que recibieron las mujeres, aun cuando ellas tienen mejor comportamiento crediticio. Por ejemplo, en microcréditos, los hombres recibieron un monto promedio de 6.1 millones, y las mujeres 4.8 millones; en créditos de vivienda, los hombres recibieron 118.6 millones y las mujeres 101.9 millones; en créditos de consumo, las mujeres recibieron en promedio 0,9 millones y los hombres 1.1 millones (Banca de Oportunidades, 2020). Es decir, en promedio, que los montos promedios desembolsados a las mujeres fueron un 21% inferiores a lo que recibieron los hombres.
Cabe mencionar que desde la creación de programa la Banca de Oportunidades y la regulación de las SEDPES , aumentó la cobertura de productos financieros hasta en un 100% de los departamentos; las políticas se dirigieron a promover el acceso a productos financieros de ahorro y no asegurar el acceso a financiamiento ni crédito para actividades destinadas a generar valor agregado. Debido a la naturaleza del indicador de inclusión financiera (adulto con al menos un producto financiero), las políticas no se han dirigido a cumplir con el objetivo de “asegurar que el sistema financiero contribuya de manera efectiva al progreso de las empresas y personas”; que recae sobre instituciones como Superintendencia Financiera; el indicador de cumplimiento se enfoca en cobertura y no en acceso o calidad.
ii) Brechas de acceso y obstáculos en otorgamiento de crédito a las MiPymes
Según Karpowicz 2014, la concentración bancaria en Colombia puede ser un fenómeno correlacionado tanto con la profundidad, como con eficiencia. Se cree que la concentración de activos disuade a los bancos de otorgar préstamos a empresas más pequeñas. Cuando los bancos obtienen grandes ganancias al otorgar préstamos a una base limitada de clientes, pierden incentivos para evaluar a los clientes más riesgosos y diversificar su cartera. En este caso, la baja cobertura de las pequeñas empresas suele ir acompañada de altos requisitos de garantía y elevados márgenes que compensan a los bancos por el riesgo de quiebra, pero que también actúan como un recurso de control (Karpowicz, 2014). De esta manera la inclusión financiera se ve afectada, la cual es esencial para que las personas desarrollen actividades con acceso a recursos financieros para generar valor agregado y mejores condiciones de vida.
El Banco Mundial en el 2018, mediante un estudio de variables de inclusión financiera, compara a Colombia con países semejantes (Chile y Perú) y con países del norte global (EE. UU y Alemania). Se puede evidenciar que Colombia tiene un rezago en materia de inclusión financiera: mientras que apenas el 2.7% de los más pobres en Colombia depositan sus ahorros en una entidad financiera, en Chile es el 13.8% y en EE.UU. es el 40.9%. Adicionalmente, para los mayores de 15 años de edad, en Colombia solo el 17.5% hicieron una transacción con tarjeta de crédito o débito mientras que en Chile es el 53.4% y en Alemania es el 86.7% (Banco Mundial, 2018).
El Reporte de la situación del crédito en Colombia 2021, desarrollado por el Banco de la Republica, en la cual se evalúa la respuesta de las entidades financieras en temas de demanda de micro crédito (por actividad económica y tipo de entidad) y factores que impiden otorgar un crédito, entre otras disposiciones del sector financiero en materia de crédito, arrojó los siguientes resultados:
En cuanto al análisis de acceso al crédito por tamaño de firmas, el indicador presentó recuperaciones en los tres tipos de tamaños para todas las empresas, a excepción de las pequeñas empresas. Estas continúan siendo las que menos acceso a crédito tienen (Banco de la República, 2021).
Adicionalmente, para el tercer trimestre de 2021 el indicador de percepción de la demanda de crédito de todas las modalidades se ubica en terreno positivo. Las carteras de vivienda y comercial se ubican en niveles que no se observaban desde finales de 2013 y 2015, en su orden; mientras que la percepción de demanda en la modalidad de consumo alcanza un máximo histórico (Banco de la República, 2021).
Teniendo lo anterior en mente, la mayoría de los bancos mantuvieron sus exigencias en la asignación de nuevos créditos de todas las modalidades. En el caso de la cartera comercial, de consumo y de microcrédito, en comparación con las expectativas del anterior reporte, la proporción de bancos que aumentó las exigencias fue mayor a lo esperado. De hecho, el indicador de cambio en las exigencias de la cartera a las microempresas se ubicó en terreno negativo, lo que se asocia con mayores exigencias durante el último trimestre. Además, para la modalidad comercial el indicador continúa siendo negativo, lo cual se asocia a mayores exigencias (Banco de la República, 2021).
Con respecto a los factores que impiden o podrían impedir otorgar un mayor volumen de crédito, los bancos continúan señalando que los principales obstáculos son la capacidad de pago del solicitante y la actividad económica del cliente (Banco de la República, 2021).
Resulta indispensable revisar la inclusión financiera desde la perspectiva empresarial. La brecha existente en el acceso de productos de ahorro y crédito por parte de las mipymes sacrifica productividad y desarrollo económico. El sector empresarial es una pieza fundamental del aparato productivo colombiano, pues representa alrededor del 90% del sector productivo. Así mismo, es importante resaltar que de los 1,6 millones de empresas que se encuentran en el Registro Único Empresarial a 2019, cerca del 97,5% corresponde a microempresas, 1,9% a pequeñas empresas, 0,4% medianas y 0,1% a grandes; lo que evidencia que la gran mayoría del sector empresarial del país son los micro y pequeños negocios (Asobancaria, 2020).
Dentro de la economía del país, las PYMES son determinantes en la generación del empleo. Aunque el número de pymes representa menos del 10% de firmas en Colombia, este segmento empresarial es muy estratégico para la economía colombiana al contribuir en un 40% a la producción nacional y concentrar el 80% del empleo en el país. Al cierre de 2020, se reportaron 119.588 pymes, 1.084 menos que la cifra registrada en 2019 (Asobancaria, 2020).
Aun así, el acceso a financiación para las PYMES es limitado. Esto se aprecia en el rango de tasas de interés para pequeñas y medianas empresas de países pertenecientes a la OCDE. Se puede observar que la tasa de interés para PYMES en Colombia es la segunda más alta dentro de los países de la OCDE, con una tasa de interés de 16.87%, superada solo por Brasil con una tasa de interés del 33%. En comparación con países de la región como Chile que registran tasas de interés de 9.25%.
Como fuente de financiación alterna, el gobierno ya ha implementado estrategias para el desarrollo del factoring. En la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018). Aun así es una práctica cuya profundidad sigue siendo baja, de acuerdo con referentes internacionales. Según la gran encuesta PYME ANIF 2018, las empresas no acuden de forma significativa al factoring como medio alternativo de financiación.
También en 2015 se expidió el decreto 2242 mediante el cual se reglamenta la factura electrónica con fines tributarios. Esta política actualmente no ha generado un impacto significativo en las pequeñas y medianas empresas ya que estas aún no acceden al factoring como medio alternativo de financiación; según la ANIF, la causa principal del bajo uso de esta alternativa es el desconocimiento sobre sus beneficios.
A pesar de estos esfuerzos para fomentar el acceso al financiamiento para mejorar la productividad de las firmas a través de la inversión en maquinaria y tecnología, el uso de recursos crediticios no ha incrementado. De hecho, según la Gran encuesta PYME 2020, las empresas dirigen más sus recursos hacia el capital de trabajo.
En el documento de la OCDE, se presentan las mismas conclusiones y es que la concentración bancaria repercute sobre las PYMES, y crea dificultades para que puedan acceder al crédito: esto se aprecia en las tasas elevadas a la que le prestan a las PYMES en relación con las grandes empresas y la brecha de préstamos entre PYME y grandes empresas (OCDE, Estudios Económicos de la OCDE Colombia, 2015).
iii) Dificultad en el acceso financiero en el Sector Rural
El sector agropecuario genera más del 20% del empleo nacional y representa alrededor del 50% del empleo en las áreas rurales. Adicionalmente, resulta fundamental para la provisión de alimentos de los hogares urbanos y rurales, y de materias primas para la agroindustria (CPC, 2017).
El financiamiento al sector agropecuario en Colombia ha sido restringido y segmentado (Banco Mundial, 2004).
“El sector está sujeto no sólo a los riesgos de clima y plagas, sino a la volatilidad de los precios, que en el caso de los bienes transables depende de los precios internacionales y la tasa de cambio, variables que no se pueden controlar. La historia de refinanciaciones y condonaciones masivas de deudores agropecuarios, en especial durante la década de los noventa del siglo pasado, por efecto de los bajos precios internacionales y la revaluación del peso produjo un estigma sobre el sector que generó una aversión mayor del sistema financiero a prestarle. En efecto, en 2003 sólo el 8% de las empresas rurales tenían acceso a crédito formal, estando concentrado en aquellos segmentos de la producción agropecuaria integrada con la agroindustria. Desde el punto de vista del sector financiero es más atractivo focalizar su negocio en las áreas urbanas del país. Las garantías exigidas para los créditos formales en la actividad agropecuaria son más difíciles de cumplir y en general los costos de transacción son más elevados en las áreas rurales” (CPC, 2017).
El indicador de acceso por sectores económicos indicó que el agropecuario es el que menos acceso a crédito tiene con los bancos. De acuerdo a la percepción de estas entidades, este es el sector con mayores problemas de información para identificar buenos clientes (Banco de la República, 2021).
Las principales preocupaciones e impedimentos que evitan una acción contundente por parte de las instituciones financieras y del gobierno nacional es que aún no se observa una tendencia de cultura de ahorro en los productores del sector rural y, además, el crédito no se estructura en los plazos y montos requeridos para el desarrollo del sector.
Para el último informe de cobertura e inclusión financiera reportado por la Banca de Oportunidades, se evidenció que la inclusión cae a medida que aumenta el nivel de ruralidad. La brecha en acceso de productos financieros existente entre los territorios urbanos y los rurales se incrementó en el último año. El indicador de acceso equivale en las ciudades al 96.4 %, 75,5 % en municipios intermedios, 69.0 % en las zonas rurales y 56.8 % en rurales dispersas (Banca de Oportunidades, 2020). Encontramos una brecha acceso de 39.6 P.P entre los centros urbanos y la ruralidad de base en Colombia.
Si bien el número de productores con acceso a un crédito en condiciones FINAGRO ha tenido una tendencia positiva, la participación aún es baja. Para el 2016, solo el 39% de los productores agropecuarios eran beneficiarios FINAGRO. Esta situación se origina principalmente por la falta de desarrollo de una oferta sostenible de productos y servicios que contemplen las necesidades específicas del sector rural, así como a distorsiones introducidas por algunos instrumentos de la política pública de promoción del financiamiento agropecuario que afectan la operación del Banco Agrario y generan restricciones al acceso y uso de servicios financieros rurales en general. (Consultores, 2013).
Un ejemplo es la limitación a las tasas de interés a pequeños productores cuando el crédito se financia con recursos de FINAGRO, lo cual inhibe el desarrollo de una oferta sostenible pues no permite recuperar los costos operativos implícitos en la operación.
Por otra parte, el Banco Agrario, el banco de mayor cobertura rural, no tiene incentivos adecuados para tener una participación activa en la prestación de servicios financieros rurales ya que la cartera se financia con recursos redescontados con cargo a FINAGRO. Además, no requiere captar ahorro del público ya que también cuenta con los depósitos judiciales y las captaciones de entidades públicas para realizar inversiones. De esta manera la dependencia del fondeo de FINAGRO del Banco Agrario ha distorsionado la promoción de servicios financieros en las zonas rurales. Esto afecta directamente a los municipios apartados, donde el Banco Agrario es precisamente el único intermediario financiero disponible (Financiera, 2016).
Otra barrera en el acceso de crédito en este sector son las garantías. La mayoría de la población rural no cuenta con suficientes garantías o enfrentan restricciones para su constitución. Esto se ve en el caso de que las garantías que los productores ofrecen tienen un valor más elevado que el crédito solicitado, pero no pueden fragmentarse, haciendo que estas no puedan ser útiles para otras operaciones crediticias (Financiera, 2016).
Para dar solución a las barreras con las que cuenta el sector rural, en el 2016 se expidió el Decreto 47. Este decreto amplía los límites de operaciones de redescuento de FINAGRO con cooperativas vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y de esta forma apoya la línea de Microcrédito Rural de FINAGRO. Igualmente, la Ley 1731 de 2014 y el decreto 1449 de 2015 creó y reglamentó, respectivamente, el Fondo de Micro finanzas Rurales para financiar, apoyar y desarrollar las micro finanzas rurales en el país (Financiera, 2016).
iv) Información Asimétrica
La crisis financiera ocurrida entre 2007 y 2008 evidenció el rol fundamental que tienen los mercados interbancarios y las consecuencias para la economía que puede tener su mal funcionamiento (Sabogal, 2013). La incertidumbre sobre el valor de los activos y el no poder cubrir la demanda por liquidez, hicieron que los inversionistas evaluaran los riesgos crediticios y retiraran sus recursos, provocando escases de liquidez en los mercados(Allen, 2010).
Otras afirmaciones que se dieron, a razón de la crisis financiera de 2008, es que los participantes del mercado de dinero se rehusaban a prestarse entre ellos y que los riesgos percibidos de mora y de liquidez de los bancos se incrementaron. Como consecuencia, ocasionaron que aumentaran las tasas de interés interbancarias. En otras palabras, los mercados interbancarios no cumplieron su función principal de redistribuir la liquidez entre todos los participantes (Brunnermeir, 2009).
La información asimétrica o privada en estos casos es determinante en la solvencia de una entidad bancaria, ya que al no conocer a profundidad los niveles de riesgo de cada entidad, en especial en bancos deficitarios, se generan especulaciones y percepción de riesgo, lo que provoca el aumento en la tasa de interés interbancaria (Sabogal, 2013).
El tipo de información que exista en el mercado financiero define el tipo de mercado interbancario. En este caso existen dos tipos: el mercado en el que hay información pública y el que tiene información privada sobre todo en aspectos de riesgo (Heider, 2009).
Cuando la información es publica, se generan diferentes tipos de interés interbancarios. Uno para los bancos superavitarios y otro para los deficitarios. La tasa de interés incorpora una prima de riesgo común y un ajuste para cada tipo de banco según su riesgo. De esta manera los bancos ajustan su portafolio de inversiones para cada tipo de banco. En caso de que la información acerca del riesgo de cada banco sea privada, la situación cambia, ya que solo cada banco sabe si es un banco de bajo o alto riesgo (Heider, 2009).
Al no saber qué tipo de riesgo tiene su contraparte, los bancos superavitarios no pueden cobrar tasas de interés basándose en el nivel de riesgo y llegan a establecer tasas de interés altas ya que no tienen certeza de que existan incentivos rentables en esa operación. Este último refleja la situación de Colombia donde la información asimétrica contribuye significativamente en la reducción de otorgamiento de crédito y en la concentración bancaria (Karpowicz, 2014) & (ASOBANCARIA, 2016).
v) Concentración Bancaria
Entendiendo la concentración como el número de establecimientos comerciales activos y la distribución de los activos financieros de estos establecimientos, el sistema financiero colombiano presentó una tendencia hacia la concentración desde la crisis de finales del siglo XX. De hecho, el índice ihh para 1999 estaba ubicado por debajo de los 1200 puntos, y se observa una tendencia creciente; así, para junio del 2017 estaba por encima de los 1550 puntos (Torres & Castaño, 2020).
En los inicios de la década de los 90’s, se experimentó un crecimiento importante del número de entidades de crédito (también favorecido por los procesos de apertura de la época). Con la crisis ocurrida, se generó una profunda reestructuración del mercado, como resultado de las liquidaciones, fusiones y adquisiciones entre los diferentes establecimientos comerciales. Así pues, en 1996 en Colombia había 147 entidades de crédito, para el 2004 se contabilizaron 57. Durante este mismo período los establecimientos bancarios, principales actores del sistema, pasaron de 43 a 27, y para el año 2018 se contabilizaban 22 de ellos (Torres & Castaño, 2020). Adicionalmente, el 77% del mercado financiero está concentrado en 13 conglomerados (Asobancaria, 2020).
El primer grupo corresponde al Grupo Aval, que consta del Banco Bogotá, Popular, Occidente y AV Villas; este grupo tiene el 29% de los activos y el 27% de la cartera de créditos. El segundo grupo es el de Bancolombia, que mantiene el 24% de los activos y el 23% de la cartera. Junto con las demás instituciones nacionales estas concentran el 70% de los activos bancarios, la participación restante se distribuye en las instituciones internacionales (Asobancaria, 2016).
Con respecto a otros países de América Latina y de la OCDE, el nivel de concentración del sistema financiero colombiano, sobre la propiedad de los activos es ligeramente inferior. De hecho, la evidencia indica que el proceso de concentración ha favorecido la estabilidad financiera del sistema, apoyando de este modo la hipótesis de ‘competencia-fragilidad’ (Torres & Castaño, 2020). Esto se concluye después de realizar un análisis, desde 1995 a 2017, de los índices que miden concentración, poder de mercado y concentración; y observar los efectos de esta dinámica en la estabilidad financiera. Se evidencia una relación positiva y significativa entre los índices IHH para depósitos y cartera, así como para los indicadores de poder de mercado de Lerner y Boone, con el índice Z-score (Torres & Castaño, 2020). Esto sugiere, en consecuencia, que no necesariamente una estructura de carácter oligopólico como la existente en el mercado colombiano es nociva en materia de estabilidad financiera, ya que esta puede inducir a que los bancos tomen menos riesgos de crédito y busquen una mayor competencia en términos de calidad y diferenciación de sus productos (Torres & Castaño, 2020).
Sin embargo, resulta importante resaltar la existencia de una relación en forma de U invertida entre concentración y estabilidad financiera (Torres & Castaño, 2020). Es decir que, en cuanto a estabilidad financiera, los niveles de concentración bancaria tienen un punto óptimo; si ese punto óptimo es superado, podría derivar en un profundo debilitamiento del sistema. Esto quiere decir que sigue siendo importante vigilar los procesos de concentración y que el mercado de crédito no debería continuar con la tendencia hacia la concentración que ha tenido en los últimos 20 años.
Por otra parte, los tomadores de decisiones deben considerar que la implementación de reformas financieras como las propuestas por Basilea III que se están llevando a cabo en Colombia, imponen altos coeficientes de encaje, liquidez o requerimientos de capital; lo que podría inducir a una mayor concentración, puesto que pueden limitar la entrada de nuevas entidades o sacar algunas ya existentes (Torres & Castaño, 2020).
Ahora bien, en Colombia hay poca inclusión al sistema financiero formal. Una comparación entre el sector financiero formal e informal explica que en Colombia las personas tienen preferencias para acceder a recursos de parte de familiares y amigos que directamente con el sector financiero formal, debido a las altas tasas de interés y dificultades en otorgamiento de crédito (OCDE, 2017).
vi) Tasas Ineficientes
Otro aspecto clave para evaluar el sistema financiero, son los márgenes de intermediación, el cual hace referencia a la diferencia que existe entre los intereses que paga el banco a quien le ha solicitado el dinero y los que cobra a quien se lo presta. Para el caso de Colombia este margen ha representado un reto constante desde hace dos décadas, pues desde la década de los 90 se registra un margen de intermediación cerca del 9%; en la actualidad el margen de intermediación ha disminuido hasta ubicarse en 7,7%.
Este margen refleja la brecha que impide el acceso al sistema financiero. Para el Banco de la Republica, el crédito es un insumo difícil de sustituir en un proceso de producción de bienes y servicios en economías emergentes. De esta manera el sistema bancario es un punto de influencia el cual sus ineficiencias se trasladan a toda la economía en conjunto (Jose Gomez, 2017).
Dentro de la región, Chile es el país que mantiene un margen de intermediación más bajo, con un promedio desde el año 2000 hasta el 2017 de 3,6%. Siendo el más cercano al valor registrado de los países de ingresos altos. En contra parte, Brasil es el país con mayor margen de intermediación, en promedio del periodo analizado de 35%. Colombia mantiene el nivel de margen de intermediación muy cercano al promedio de América latina el cual es de 7,3%.
En comparación con países de ingresos altos y de mayor desarrollo económico. El margen de intermediación de Colombia es elevado. Mientras que países como nueva Zelanda y Canadá el margen de intermediación se mantiene en promedio entre el 1,5% y 3%. Colombia en Promedio mantiene un margen de intermediación de 7%.
El Banco de la Republica estudió la relación entre los márgenes de interés netos de los bancos y la calidad de las instituciones y la regulación; el estudio se realizó para un conjunto de 17 economías emergentes entre 2007 y 2014, con información de 1050 bancos. Usando un modelo de panel de datos con efectos aleatorios concluyeron que las mejoras en la calidad de las instituciones y la regulación inducen a mayores niveles de competencia y eficiencia al interior de los sistemas bancarios, que se traducen en menores márgenes de intermediación (Díaz-Barreto, Gamboa, Gomez, & Meisel, 2017).
En sistemas bancarios de países con altos niveles de calidad institucional se promueve la competencia entre instituciones aún si el número de las mismas es reducido (por ejemplo, los casos de Alemania y Japón). Más aún, en países con instituciones sólidas, un menor número de entidades bancarias puede llevar a que las instituciones reguladoras las monitoreen más de cerca y puedan poner en práctica medidas promotoras de la competencia más fácilmente. Así, sistemas bancarios con pocos bancos, pero con una buena regulación financiera y de competencia pueden inducir menores márgenes de interés (Díaz-Barreto, Gamboa, Gomez, & Meisel, 2017).
Por otra parte, de acuerdo con Reporte de la situación financiera que realiza el Banco de la República, en relación con las quejas de los clientes en el trámite de la negociación del crédito, los bancos son los más frecuentemente relacionados con la percepción de tasas de interés muy altas (Banco de la República, 2021).
vii) Riesgo en mercados internacionales
Dentro del panorama financiero de la OCDE y de América Latina, el sistema financiero colombiano es estable. No obstante, existen vulnerabilidades debido a la expansión de bancos colombianos a otros países de América Latina. Esto significa que los bancos al abrir sus productos en otros países se exponen al riesgo macroeconómico derivado del entorno de los países extranjeros. Estos efectos pueden provocar inestabilidad en el sector financiero nacional.
Para Colombia esta expansión se estima en el 31% de los activos del sistema bancario colombiano, que se emplean para abrir sus operaciones en el exterior (OCDE, Estudios económicos de la OCDE Colombia, 2017).
Propuestas
- Incrementar el alcance del acceso a productos financieros mediante el fomento de entidades financieras no tradicionales (Fintech).
- Fortalecer o desarrollar normativa, programas o proyectos, articulados con los actores relevantes – Asobancaria y demás agremiaciones, Consumidores, Academia y Estado - para garantizar transparencia en el sistema financiero: Promover la transparencia , específicamente en los cálculos de tasas de riesgo, para disminuir primas de riesgo interbancarias. Es decir, que las entidades financieras compartan entre sí de qué manera están midiendo el riesgo.
o La evidencia (estudios a más de 86 economías entre 2005 -2016) indica el vínculo existente entre la transparencia del sector financiero y los márgenes de interés; la transparencia del sector financiero reduce los márgenes de interés bancario en todas las economías (Kusi, 2020).
- Garantizar independencia de la Superintendencia Financiera al quitarle la elección del superintendente al ejecutivo y dejarla a la Junta Directiva del Banco de la República.
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