Infraestructura Pública Digital y Servicios Financieros Digitales: Convergencia, Panorama y Consideraciones Regulatorias

El informe “Digital Public Infrastructure and Digital Financial Services: Convergence, Landscape and Regulatory Considerations”, elaborado por el CCFA con el apoyo del UK Foreign, Commonwealth and Development Office, examina cómo la Infraestructura Pública Digital se está convirtiendo en un motor clave para modernizar los ecosistemas financieros e impulsar la inclusión. Sus tres pilares, que comprenden la identidad digital, los pagos en tiempo real y el intercambio de datos basado en el consentimiento, permiten a gobiernos y empresas ofrecer servicios más eficientes, escalables y accesibles. A nivel global, 113 jurisdicciones han adoptado al menos uno de estos componentes y 56 ya han integrado los tres, con resultados tangibles en el acceso y uso de los servicios financieros.

La evidencia empírica muestra que la presencia y desarrollo de los pilares de la DPI se asocian con mejores indicadores de inclusión financiera. Por ejemplo, la propiedad de tarjetas de débito o crédito pasa del 25% en jurisdicciones que han implementado un solo pilar al 77% en aquellas que cuentan con los tres; el uso de pagos digitales aumenta del 45% al 83%, y la falta de documentación como barrera para abrir una cuenta se reduce del 19% al 7%. También se observan mejoras en el acceso al crédito formal (del 15% al 38%), la recepción de transferencias gubernamentales (del 14% al 28%) y la resiliencia financiera. Estos avances confirman el potencial de la DPI como catalizador de inclusión y eficiencia, siempre que esté acompañada de un diseño regulatorio adecuado.

El estudio presenta casos de referencia como UPI en India y Pix en Brasil, que, pese a responder a contextos institucionales distintos, han logrado resultados similares gracias a principios comunes como la interoperabilidad, la apertura y la transparencia. En India, el modelo impulsado conjuntamente por el sector público y privado ha escalado el uso de pagos digitales a nivel masivo; en Brasil, el enfoque liderado por el regulador, pero con participación de la industria, ha conseguido alta adopción en un tiempo récord. Ambos demuestran que no existe un único modelo de éxito, pero sí condiciones necesarias para alcanzarlo: gobernanza clara, colaboración interinstitucional y una infraestructura diseñada para el beneficio público.

No obstante, la expansión de la DPI plantea retos significativos. Persisten brechas de conectividad en los territorios, desigualdades en la propiedad de dispositivos y en las competencias digitales, así como riesgos vinculados a la concentración de mercado, la privacidad de datos y la seguridad cibernética. Además, la fragmentación regulatoria, especialmente en contextos transfronterizos, puede limitar la interoperabilidad y frenar el potencial de la infraestructura. Para enfrentarlos, el informe propone reforzar la gobernanza mediante la coordinación entre diferentes autoridades y organismos reguladores, establecer estándares comunes y fomentar la cooperación internacional, al tiempo que se promueve la alfabetización digital y financiera.

En conclusión, la DPI representa una oportunidad estratégica para transformar los servicios financieros digitales, pero su éxito dependerá de convertir la infraestructura en acceso real, seguro y útil para todos. Esto exige marcos normativos ágiles, coordinación entre autoridades y alianzas público-privadas que aseguren la sostenibilidad del ecosistema. El verdadero desafío no es solo desplegar la tecnología, sino garantizar que cada persona pueda usarla con confianza y que se traduzca en un impacto positivo y duradero en su vida financiera.

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