Competencia para la inclusión financiera: un marco conceptual

El working paper Competition for Financial Inclusion, desarrollado por CGAP, destaca que, si bien la titularidad de cuentas a nivel global ha crecido del 51% en 2011 al 79% en 2024 impulsada por las finanzas digitales, el progreso sigue siendo desigual. Todavía hay más de 1.300 millones de adultos fuera del sistema formal. En este se argumenta que los mercados financieros concentrados y dominados por actores tradicionales carecen de incentivos para atender a poblaciones de bajos ingresos o zonas rurales, lo que resulta en altos costos y una oferta de productos limitada que no se ajusta a las necesidades reales de los usuarios.

Sin embargo, la entrada de nuevos jugadores habilitados por la tecnología (como fintechs y plataformas digitales) está alterando esta dinámica al reducir las barreras de entrada y desafiar el status quo de la banca tradicional. El estudio evidencia que una competencia bien regulada genera cinco resultados tangibles para el consumidor: i) mayor diversidad de proveedores y productos, ii) expansión de canales de acceso físicos y digitales, iii) reducción de barreras de información para servicios más personalizados, iv) mayor innovación en modelos de negocio y v) una intensa competencia de precios que reduce los costos para el usuario final.

A pesar de estos beneficios, el documento advierte que la competencia por sí sola no es una panacea y puede traer riesgos como la inestabilidad sistémica o nuevas formas de dominio por parte de las BigTech si no se gestiona adecuadamente. Por ello, el rol de las autoridades financieras es crucial. A diferencia de las autoridades de competencia que actúan de forma reactiva (ex post), los reguladores financieros tienen la capacidad única de moldear la estructura del mercado de manera preventiva (ex ante) a través de licencias, regulación prudencial y el diseño de infraestructuras.

Para instrumentalizar esta visión, CGAP introduce un marco conceptual de tres etapas, presentadas a continuación:

• Etapa 1: Evaluación de las características iniciales del mercado. Se centra en diagnosticar qué barreras estructurales, regulatorias e institucionales (como requisitos de licencia restrictivos o monopolios de infraestructura) están concentrando el mercado y limitando las opciones para el consumidor.
  
• Etapa 2: Implementación de enfoques regulatorios habilitadores. Consiste en activar palancas políticas clave (como el desarrollo de infraestructura pública digital, licencias escalonadas y sandboxes de innovación) para reducir las barreras de entrada y fomentar la competencia, manteniendo siempre el equilibrio con la estabilidad y la protección al consumidor.
  
• Etapa 3: Generación de resultados inclusivos. Es el punto de llegada donde la mayor competencia se traduce en beneficios tangibles: precios más bajos, mayor diversidad de productos, innovación adaptada a necesidades reales y un aumento en el acceso y uso de servicios financieros por parte de los desatendidos.

La conclusión central es que los reguladores deben dejar de tratar la competencia como una preocupación periférica para adoptar una “lente de competencia” intencional e integrada en su caja de herramientas. Esto no implica sacrificar la seguridad; al contrario, se trata de equilibrar los mandatos tradicionales de estabilidad e integridad con la urgencia de fomentar un ecosistema contestable. En un entorno transformado por la digitalización, donde nuevos actores pueden escalar o dominar rápidamente, la inacción regulatoria favorece la concentración. Por tanto, actuar de manera preventiva sobre licencias e infraestructuras es vital para asegurar que la innovación se traduzca en una inclusión financiera profunda, resiliente y con beneficios reales para los consumidores más vulnerables.