From cash to crypto: towards a consistent regulatory approach to illicit payments

El BIS, en su más reciente paper From cash to crypto: towards a consistent regulatory approach to illicit payments, parte de una idea poderosa: el sistema de pagos ya no se mueve únicamente entre efectivo y cuentas bancarias. Hoy conviven múltiples alternativas, como el dinero electrónico, los criptoactivos (incluidas las stablecoins) y las monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC). Esa diversidad puede traducirse en más eficiencia, competencia e inclusión, pero también plantea un reto de fondo: no todos los instrumentos ofrecen la misma capacidad para identificar, monitorear y frenar pagos ilícitos.

El punto central está en el papel del intermediario. Cuando existe una entidad responsable de verificar identidades, monitorear operaciones y reportar señales de alerta, hay puntos de control más claros para la supervisión. Cuando ese intermediario no existe, o su rol es mucho más débil, la capacidad de detección cae de forma natural. Esa diferencia de diseño es clave porque muestra que el riesgo no depende solo de la intención del usuario, sino también de cómo está construido cada instrumento de pago.

A partir de ahí, el análisis propone una idea especialmente útil para entender el debate regulatorio actual: si las reglas se endurecen en un canal, pero permanecen más débiles en otro, el riesgo no desaparece, sino que se desplaza. Es decir, una regulación inconsistente puede terminar empujando pagos ilícitos hacia los mecanismos con menos controles. Ese “efecto rebote” obliga a mirar el sistema de pagos como un todo y no como una suma de piezas aisladas.

Esta lógica resulta particularmente relevante para la conversación sobre criptoactivos. No es lo mismo operar a través de proveedores que sí pueden aplicar controles, que hacerlo mediante esquemas donde no existe un actor claramente responsable de hacerlo. Allí aparece una tensión importante: si algunos instrumentos tradicionales enfrentan límites o exigencias más estrictas, pero otros canales con menor capacidad de supervisión no tienen restricciones comparables, se abren incentivos para trasladar riesgos hacia esos espacios menos vigilados.

Lejos de proponer una homogeneización regulatoria, el texto plantea una tesis más exigente: la consistencia no pasa por someter todos los instrumentos a un mismo tratamiento, sino por construir un marco capaz de responder de manera diferenciada a riesgos que también son distintos. Esto implica combinar criterios comunes que reduzcan arbitrajes entre canales de pago, con reglas específicas que reconozcan las particularidades operativas, tecnológicas y funcionales de cada instrumento. La clave, entonces, no es regular todo igual, sino evitar que diferencias de diseño terminen convirtiéndose en vacíos regulatorios.

Además, el análisis introduce una discusión que es clave para el ecosistema fintech: la tensión entre integridad y privacidad. Si los usuarios perciben que los instrumentos más regulados implican una pérdida excesiva de confidencialidad o control sobre sus datos, parte de la demanda puede desplazarse hacia alternativas menos monitoreadas. Por eso, el reto no es solo cerrar vacíos regulatorios, sino hacerlo de manera equilibrada, sin desincentivar usos legítimos ni debilitar la confianza en los medios de pago formales.

En conjunto, el texto ofrece una base muy útil para entender por qué la regulación de pagos ya no puede diseñarse instrumento por instrumento. Su mayor valor está en mostrar que, en un ecosistema cada vez más diverso, la efectividad del marco regulatorio depende de su coherencia integral: suficiente para cerrar espacios de arbitraje, pero también lo bastante inteligente y proporcional como para preservar innovación, competencia, privacidad y confianza.