En su nuevo paper Open Finance Oversight and Supervision: Emerging Practices and Early Lessons, el CGAP parte de una idea central. La expansión global del open finance está reconfigurando los sistemas financieros al permitir el intercambio de datos consentidos por el usuario entre entidades financieras y terceros, con potencial para impulsar la competencia, la innovación y la inclusión financiera. Sin embargo, su implementación también apareja riesgos nuevos y ampliados en materia de protección de datos, ciberseguridad, conducta de mercado y concentración.
El documento subraya que, en ecosistemas ya maduros, la escala puede ser masiva: Brasil registra miles de millones de intercambios de datos por semana, India supera los 100 millones de cuentas financieras consentidas y en Reino Unido uno de cada cinco consumidores usa open banking. En ese contexto, la supervisión deja de ser un complemento y pasa a ser una condición estructural para que el modelo funcione con confianza.
A partir de esa base, el estudio sostiene que la supervisión de open finance debe incorporarse en la fase de diseño regulatorio y no después del lanzamiento. La razón es práctica: si la arquitectura de reporte, las competencias institucionales y el tratamiento de nuevos participantes no se definen desde el principio, aparecen vacíos de información, duplicidades, asignación ineficiente de recursos y dificultades para traducir los objetivos de política pública en monitoreo efectivo. En otras palabras, abrir el ecosistema sin haber previsto cómo observarlo y corregirlo puede limitar desde temprano su capacidad de generar inclusión, competencia y mejores servicios para los usuarios.
Uno de los aportes más útiles del paper es que las lecciones tempranas para autoridades financieras. Primero, empezar temprano y clarificar roles entre reguladores financieros y autoridades de protección de datos, competencia y protección al consumidor. Segundo, que el enfoque más eficaz no es supervisar primero a cada entidad por separado, sino construir una capa robusta de oversight sobre el ecosistema completo y luego complementarla con supervisión individual basada en riesgos. Tercero, identifica cuatro prioridades para los primeros años:
- Mantener altos niveles de desempeño del ecosistema
- Asegurar una experiencia de usuario clara y funcional
- Mitigar riesgos de fraude y protección de datos
- Monitorear la evolución real de los casos de uso que están surgiendo sobre la infraestructura abierta.
Además, el documento señala que la forma en que se diseña operativamente un esquema de open finance afecta de manera directa la carga supervisora. Cuando funciones como la gestión de errores, el monitoreo de fraude, la acreditación de participantes o la consolidación de reportes se centralizan, la supervisión puede volverse más eficiente, trazable y oportuna. Sin embargo, esta centralización también crea nuevos desafíos regulatorios, especialmente alrededor de la supervisión de los cuerpos de implementación, el alcance de las facultades de la autoridad y los riesgos legales u operativos que podrían trasladarse al supervisor.
Además, CGAP plantea que la supervisión de open finance debe apoyarse en datos frecuentes, granulares y comparables, junto con capacidades tecnológicas que permitan convertir esa información en alertas tempranas y decisiones oportunas. Bajo este enfoque, el objetivo no es solo verificar cumplimiento, sino evaluar si el ecosistema está funcionando bien para el usuario y generando valor real. En ese marco, el documento propone priorizar medidas correctivas tempranas sobre sanciones formales y resulta especialmente relevante para Colombia, donde el avance hacia un modelo más estructurado dependerá de decisiones concretas sobre licenciamiento, coordinación institucional, reporting y fortalecimiento de la capacidad analítica de la supervisión.
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