El documento Stablecoins in Humanitarian Cash Transfers, publicado por el CGAP, muestra que las transferencias monetarias humanitarias representan una piedra angular de la resiliencia en estados frágiles y afectados por conflictos, alcanzando una escala global de US$10.600 millones en 2022. Sin embargo, la entrega de estos fondos enfrenta barreras estructurales profundas. Por un lado, las transferencias transfronterizas sufren por el retiro de la banca corresponsal (fenómeno de de-risking) en jurisdicciones de alto riesgo, costos promedio globales del 6,5% impulsados por márgenes cambiarios opacos, y retrasos de múltiples días. Por otro lado, la entrega en la última milla choca con infraestructura tecnológica débil, escasez de liquidez local y costos de retiro que erosionan el valor para el receptor.
Frente a este escenario, el documento del CGAP explora la integración de stablecoins (monedas digitales ancladas, usualmente al dólar) como alternativa, identificando dos modelos operativos distintos. El primero es el modelo "vía socio de desembolso local", donde las stablecoins se utilizan exclusivamente para resolver el tramo transfronterizo. Los fondos se envían a la billetera digital de un socio local, quien se encarga de convertirlos a moneda fiduciaria local y distribuirlos a través de los canales tradicionales (efectivo, vales o cuentas). Este enfoque sortea los problemas de la banca corresponsal y permite liquidaciones en el mismo día, pero no altera la experiencia del receptor final ni elimina la dependencia de la infraestructura financiera local.
El segundo esquema es el modelo "directo a la billetera del receptor", en el cual las stablecoins se transfieren sin intermediarios hasta el dispositivo móvil del beneficiario. Este modelo proporciona a los implementadores una visibilidad completa en la cadena de bloques (blockchain), permitiendo verificar la entrega de fondos sin depender de los reportes del socio local. Sin embargo, el estudio advierte que esta ruta impone nuevas y significativas cargas: exige que los beneficiarios tengan teléfonos inteligentes, conectividad y alfabetización digital. Además, requiere la construcción desde cero de redes locales de aceptación o conversión (rampas de salida) en contextos donde rara vez existen.
Un hallazgo central del análisis radica en la reestructuración de los costos. Las stablecoins no eliminan el costo total de la transacción; la conversión de divisas (riesgo cambiario) debe ocurrir en algún punto de la cadena. En el modelo directo al usuario, este costo se traslada al receptor final al momento de cambiar sus stablecoins por efectivo local, enfrentando tarifas que pueden oscilar entre el 3% y el 8%. De esta forma, el ahorro operativo que percibe el programa implementador puede terminar siendo asumido por el beneficiario, quien posee el menor poder de negociación.
Por último, se aborda la dualidad de la transparencia. Si bien los registros inmutables de la blockchain mejoran los reportes de cumplimiento y monitoreo, su naturaleza pública y permanente genera tensiones frente a la protección de datos. En contextos humanitarios, exponer el historial de transacciones puede someter a los beneficiarios a riesgos de vigilancia o extorsión. En conclusión, el CGAP sugiere que el modelo "vía socio" representa el punto de partida más realista y de menor riesgo para la mayoría de los programas, mientras que el modelo "directo al receptor" sólo debe considerarse cuando las infraestructuras de última milla puedan ser garantizadas sin penalizar financieramente al usuario final.
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