Tailandia se posiciona como un caso de estudio fundamental para las economías emergentes que enfrentan la transición hacia una inclusión financiera de segunda generación. El documento Beyond Access: Thailand and the Frontiers of Financial Inclusion, publicado por el CGAP, destaca que el país asiático ha superado ampliamente los retos de acceso primario: la titularidad de cuentas pasó del 73% en 2011 al 92% en 2024, las brechas de género prácticamente desaparecieron y el uso de pagos digitales abarca al 83% de la población adulta. No obstante, esta expansión acelerada ha traído consigo nuevos desafíos sistémicos y de protección, operando en un entorno donde la deuda de los hogares bordea el 90% del PIB y casi el 40% de la población no tiene la capacidad de acceder a fondos de emergencia en un lapso de 30 días.
Para gestionar la complejidad de este ecosistema, las autoridades tailandesas han estructurado su respuesta regulatoria sobre cuatro componentes interrelacionados. El primero es la construcción incremental de Infraestructura Pública Digital (DPI), donde se destaca el sistema de pagos instantáneos PromptPay, que procesa alrededor de 75 millones de transacciones diarias y cuenta con 92 millones de usuarios registrados. A esta capa transaccional se suman la plataforma nacional de identidad digital (NDID), con más de 30 millones de usuarios para reducir fricciones en el abordaje remoto, y la iniciativa "Your Data", enfocada en establecer la portabilidad de datos financieros dirigida por el cliente para cimentar las finanzas abiertas.
El segundo componente radica en un entorno regulatorio habilitante que promueve el desarrollo del mercado mediante licencias proporcionales y esquemas de experimentación supervisada como los sandboxes. Esta apertura calibrada ha viabilizado la entrada formal de préstamos personales digitales, esquemas Buy Now Pay Latter (cuyas cuentas crecieron a 4,91 millones con 18.000 millones de baht en préstamos pendientes), préstamos P2P y la reciente autorización de bancos virtuales respaldados por consorcios con requisitos de capital inicial de 5.000 millones de baht. Sin embargo, el reporte advierte que la entrada de nuevos jugadores no garantiza una competencia efectiva si estos siguen dependiendo de los bancos tradicionales para su infraestructura, capital y distribución.
El tercer pilar se enfoca en fortalecer las salvaguardas al consumidor de manera preventiva. Frente a los riesgos tangibles del fraude digital y la presión crediticia, el Banco de Tailandia introdujo directrices de préstamos responsables que exigen evaluaciones estrictas de asequibilidad e intervenciones de alivio, logrando facilitar la reestructuración de deudas para aproximadamente 4,3 millones de prestatarios por un valor de 2,5 billones de baht. En el frente de la ciberseguridad, se implementó un modelo de responsabilidad compartida para las instituciones y, a través del Centro de Operaciones contra Estafas en Línea (AOC), se han suspendido más de 3,4 millones de cuentas "mula", previniendo pérdidas estimadas en 19.000 millones de baht.
Finalmente, el documento resalta un cuarto componente indispensable: la consolidación de una cultura regulatoria basada en la supervisión adaptativa. Este modelo combina la planificación a largo plazo de los Planes Maestros del Sector Financiero con el uso estratégico de la persuasión moral, la coordinación interagencial y la cooperación transfronteriza, evidenciada en la integración multilateral de pagos a través de iniciativas como el Proyecto Nexus. A partir de esta experiencia, el CGAP concluye que los reguladores deben calibrar sus salvaguardas preventivas con cautela, buscando elevar la seguridad y resiliencia del ecosistema sin generar barreras excesivamente rígidas que terminen excluyendo de los canales formales a los segmentos poblacionales más vulnerables.
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